Porque se tiene debidamente sustentada la obligación de pago de impuesto predial de parte de las dependencias federales que operan en nuestra ciudad, se acudirá hasta las oficinas centrales a insistir en el cumplimiento de esta obligación, principal ingreso para el desarrollo municipal, dijo el tesorero Pablo Chávez Rossique.
Después de enviarles la carta invitación y requerimiento para que dentro de un verdadero federalismo se acate esta obligación, la respuesta ha sido diversa. Sagarpa y Comisión Federal de Electricidad cumplieron y otras hasta hicieron pública su apreciación para mantenerse exentos del pago, por ello el siguiente paso será ir directamente hasta sus superiores en el Distrito Federal la próxima semana y ponerlas en conocimiento con el requerimiento correspondiente.
Entre las dependencias federales en mención está la Secretaría de la Defensa Nacional que tiene inclusive desarrollos habitacionales para su personal; la Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional del Agua, Pemex, el Palacio Federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Admitió el tesorero Pablo Chávez Rossique que si bien la ley señala, como contestó por ahí alguna autoridad, que toda infraestructura destinada al servicio público no está gravada para este impuesto, sí aplica cuando se utiliza para cuestiones privadas y citó como ejemplo el que alguien trate de entrar al edificio de los juzgados federales a ver si lo dejan, pues hay varios fusiles de por medio para imponer freno. Pero no sólo eso, hasta de la acera en la calle se han apoderado porque tampoco permiten su uso así sean litigantes con seguimiento a procedimientos que ahí se ventilan.
El municipio reconoce el uso público, por ello maneja partes proporcionales en el estimado de cobro, delimitando las áreas donde se sabe dan servicio al público que es lo que estaría exento, contra lo que se usa para zonas administrativas, bodegas, estacionamiento, todo lo cual es gravable porque no está tiene libre acceso y hasta ponen vigilancia y los ciudadanos comunes no pasan.
Van alrededor de 350 mil pesos lo que se ha cobrado a dependencias federales y que podría ascender a $5 millones si cumplen con esta obligación tributaria.
