Julián Parra Ibarra
Confianza a toda prueba
Una cosa es envidiable entre los ‘villeguistas’ que trabajaron intensamente en la campaña del alcalde de Durango con licencia, Esteban Villegas Villarreal, y es la confianza a toda prueba que siempre mostraron y manifestaron en el líder del nuevo proyecto, aunque al final las cosas no se dieron como se pensaban.
Pero es tal la confianza que tienen, que están a la espera que se defina dónde y a partir de cuándo se empezará a construir la armadora de autos que generará los 70 mil empleos prometidos, para garantizarse una plaza laboral, y hasta haciendo cuentas, ahí cabrán todos los herreristas y villeguistas, y hasta va a sobrar para invitar a todos los renegados panistas que de último momento dieron el salto hacia el tricolor.
Incluso los ‘maloras’ andan diciendo que la armadora de autos quedará ubicada a un lado de los Estudios Churubusco en Gómez Palacio. Ah raza.
Transas hasta el final
Tres de los gobernadores priistas próximos a entregar el poder a opositores tras las derrotas que sufrió su partido en las pasadas elecciones del 5 de junio, y cuyas administraciones fueron severa y permanentemente señaladas casi desde el principio, todavía al momento de irse quieren dejar su huella de corrupción y engaños.
Roberto Borges en Quintana Roo, Javier Duarte en Veracruz y César Duarte en Chihuahua, han realizado turbias maniobras al nombrar como responsables de las áreas de anticorrupción, transparencia, auditorias y contralores que cubrirán periodos transexenales, a empleados, fieles escuderos y personas pertenecientes a sus respectivos grupos políticos, a fin de que les cuiden las espaldas al momento de partir, sabedores de la estela de corrupción y malos manejos que dejarán tras de sí al momento de su partida.
Ante ello, Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, ha levantado la voz no sólo para denunciar a los mandatarios salientes, sino para pedir la intervención del Gobierno de las República, para que éste impida que se sigan entregando los ‘paquetes de impunidad’ –como les llama a estas medidas tendientes a evitar que rindan cuentas de sus mandatos-, pero sobre todo, dice, para que la gente sepa lo que están haciendo, porque lo que Borges y los Duartes pretendían hacer sus últimas transas por debajo del agua, como para que nadie se diera cuenta.
¿Y cómo andamos en casa?
En Durango, si bien no se hicieron modificaciones ni nombramientos a partir de la derrota del 5 de junio, sí se pretende mantener en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a Apolonio Betancourt, quien asumió el cargo en 2007 para ostentarlo por tres años, la segunda mitad de Ismael Hernández Deras como gobernador del Estado.
A su arribo al poder, Jorge Herrera le ratificó por otros tres años, lo que estaba permitido por la Ley, pero luego en 2012 se reformó la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de imponer a Apolonio Betancourt en la presidencia del TSJ por un periodo de seis años más, aprobado por el Congreso local.
Las reformas se hicieron de manera irregular, para consumar la imposición de Betancourt por parte del (todavía) gobernador Jorge Herrera Caldera, una de las principales características que distinguió a su administración, es decir, actuar legaloidemente a fin de imponer sus caprichos.
Que no se nos olvide el proceso mediante el cual evitó la reelección de Rubén Calderón como rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, apenas iniciado su sexenio, porque supuestamente éste había apoyado durante su primera campaña en busca de la gubernatura al panista José Rosas Aispuro Torres.
Como su estrategia de violentar la legalidad mediante la cual asumió como rectora Patricia Herrera Gutiérrez, trajo como consecuencia su desconocimiento por parte de la ANUIES y el entonces rector de la UNAM, José Narro Robles, así como otras entidades universitarias de nuestro país por la flagrante violación a la autonomía universitaria por parte de Herrera Caldera y el Congreso.
Para deshacer el entuerto provocado con acciones ilegales, se tuvo que presentar nuevas iniciativas en el Congreso, y allanar el camino para que llegara a la rectoría de la máxima casa de estudios Tomás Castro Hidalgo, quien tampoco fue reconocido por la ANUIES, y se volvió a fabricar otro proceso para que el hasta ese momento Contralor del Estado, Oscar Erasmo Návar García fuera ungido como el rector de la UJED.
Así que no debe extrañarnos que imposiciones caprichosas como las mencionadas, deban ser revocadas en las primeras acciones del próximo gobierno. Serían las primeras medidas con las que el gobierno entrante le podría empezar a devolver la credibilidad a los duranguenses en sus nuevas autoridades.laotraplana@gmail.com
@JulianParraIba
Transas hasta el final
Tres de los gobernadores priistas próximos a entregar el poder a opositores tras las derrotas que sufrió su partido en las pasadas elecciones del 5 de junio, y cuyas administraciones fueron severa y permanentemente señaladas casi desde el principio, todavía al momento de irse quieren dejar su huella de corrupción y engaños.
Roberto Borges en Quintana Roo, Javier Duarte en Veracruz y César Duarte en Chihuahua, han realizado turbias maniobras al nombrar como responsables de las áreas de anticorrupción, transparencia, auditorias y contralores que cubrirán periodos transexenales, a empleados, fieles escuderos y personas pertenecientes a sus respectivos grupos políticos, a fin de que les cuiden las espaldas al momento de partir, sabedores de la estela de corrupción y malos manejos que dejarán tras de sí al momento de su partida.
Ante ello, Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, ha levantado la voz no sólo para denunciar a los mandatarios salientes, sino para pedir la intervención del Gobierno de las República, para que éste impida que se sigan entregando los ‘paquetes de impunidad’ –como les llama a estas medidas tendientes a evitar que rindan cuentas de sus mandatos-, pero sobre todo, dice, para que la gente sepa lo que están haciendo, porque lo que Borges y los Duartes pretendían hacer sus últimas transas por debajo del agua, como para que nadie se diera cuenta.
¿Y cómo andamos en casa?
En Durango, si bien no se hicieron modificaciones ni nombramientos a partir de la derrota del 5 de junio, sí se pretende mantener en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a Apolonio Betancourt, quien asumió el cargo en 2007 para ostentarlo por tres años, la segunda mitad de Ismael Hernández Deras como gobernador del Estado.
A su arribo al poder, Jorge Herrera le ratificó por otros tres años, lo que estaba permitido por la Ley, pero luego en 2012 se reformó la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de imponer a Apolonio Betancourt en la presidencia del TSJ por un periodo de seis años más, aprobado por el Congreso local.
Las reformas se hicieron de manera irregular, para consumar la imposición de Betancourt por parte del (todavía) gobernador Jorge Herrera Caldera, una de las principales características que distinguió a su administración, es decir, actuar legaloidemente a fin de imponer sus caprichos.
Que no se nos olvide el proceso mediante el cual evitó la reelección de Rubén Calderón como rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, apenas iniciado su sexenio, porque supuestamente éste había apoyado durante su primera campaña en busca de la gubernatura al panista José Rosas Aispuro Torres.
Como su estrategia de violentar la legalidad mediante la cual asumió como rectora Patricia Herrera Gutiérrez, trajo como consecuencia su desconocimiento por parte de la ANUIES y el entonces rector de la UNAM, José Narro Robles, así como otras entidades universitarias de nuestro país por la flagrante violación a la autonomía universitaria por parte de Herrera Caldera y el Congreso.
Para deshacer el entuerto provocado con acciones ilegales, se tuvo que presentar nuevas iniciativas en el Congreso, y allanar el camino para que llegara a la rectoría de la máxima casa de estudios Tomás Castro Hidalgo, quien tampoco fue reconocido por la ANUIES, y se volvió a fabricar otro proceso para que el hasta ese momento Contralor del Estado, Oscar Erasmo Návar García fuera ungido como el rector de la UJED.
Así que no debe extrañarnos que imposiciones caprichosas como las mencionadas, deban ser revocadas en las primeras acciones del próximo gobierno. Serían las primeras medidas con las que el gobierno entrante le podría empezar a devolver la credibilidad a los duranguenses en sus nuevas autoridades.laotraplana@gmail.com
@JulianParraIba
