* A través de una adhesión a la fracción tercera del artículo 175 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado se pretende impedir que las personas que dañan el equipamiento urbano alcancen la libertad condicional.
Torreón, Coahuila a 17 de agosto de 2012. Con el objetivo de endurecer las sanciones para quienes dañan o roban la infraestructura urbana se reunieron esta mañana los responsables de las áreas jurídicas de las diferentes dependencias adscritas al Ayuntamiento de Torreón.
La reunión que estuvo presidida por el Primer Síndico Arturo Rangel Aguirre contó con la presencia del Diputado local Rodrigo Fuentes Ávila; el Delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, Fernando Olivas Jurado; y David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Arturo Rangel explicó que a través de una adhesión a la fracción tercera del artículo 175 de la Ley de Procuración de Justicia del Estado se busca impedir que salgan bajo fianza aquellas personas que roban infraestructura urbana, a menos que restituyan lo dañado a conformidad del municipio.
Esta condición se aplicaría únicamente en personas que hayan causado daños por debajo de los 50 salarios mínimos, y en caso de que alguien se exceda deberá enfrentar un proceso penal.
Por su parte, Fernando Olivas, aplaudió la iniciativa del municipio y dijo que es un esfuerzo importante para que de una manera más firme y más precisa se sancione el delito de robo de equipammiento urbano, ya que actualmente la ley permite que la persona alcance libertad condicional una vez que se hace el avalúo pero sin considerar los daños que de manera paralela se ocasionan.
“Si se llevan un tramo de cable están afectando a la colonia o a veces generan cortos circuitos, pero los delincuentes sólo son sancionados por el monto del material que se llevaron, y con esto se busca poner candados para que vayan directamente a la cárcel en caso de no reparar el daño”, profundizó.
El proyecto se analizará en la Comisión de Gobernación de Torreón para después llevarla a Cabildo y posteriormente presentarla ante el Congreso del Estado, donde a través del diputado Rodrigo Fuentes Ávila se busca que siga adelante.
Una vez aprobada la propuesta se tendrá que trabajar en la cuestión operativa con la Dirección de Seguridad Pública Municipal para castigar también a los lugares donde se compran los artículos que componen la infraestructura urbana.
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