Cuestión de prioridades
Julián Parra Ibarra
Con la finalidad de financiar el costo de los Juegos Olímpicos realizados en nuestro país en 1968, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz impuso el cobro de la tenencia vehicular ‘de manera provisional’. De entonces a la fecha, me parece que los mexicanos ya hemos financiado todas las olimpiadas que se han realizado posteriores a la realizada en México, y si me apura tantito, ya hemos pagado el dinero suficiente como para financiar también las Olimpiadas de Invierno, y a lo mejor hasta nos anda alcanzando para los Mundiales de Futbol.
Más de cuatro décadas después, Felipe Calderón prometió en campaña que de llegar a la Presidencia derogaría el cobro de la tenencia vehicular, lo cual no cumplió. Al final de su mandato, delegó a cada una de las entidades la facultad de decidir si eliminaban este cobro a los ciudadanos y la forma de hacerlo si es que decidían suprimirlo.
Muchos de los mandatarios estatales y legisladores federales –y locales también, pues-, arguyeron en su momento que no se podría eliminar el cobro de la tenencia, porque hacerlo abriría un gran ‘boquete’ en las finanzas de los estados, que sería difícil de cubrir. Es decir, la prioridad de políticos y gobernantes era evitar que se abriera ese ‘boquete’ en las finanzas estatales, sin importar que durante más de cuatro décadas cada año se estuviera abriendo un ‘boquete’ en las finanzas familiares de los ciudadanos que tenían la ‘suerte’ de contar con un auto.
Con todo y el riesgo de desequilibrio que ello representaba, en algunos estados se suprimió de inmediato el pago de la tenencia, pero otros renunciaron hacerlo, aunque por cuestiones electorales lo reactivaron para el año anterior y el actual, así fuera de manera gradual.
En estos momentos luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre, la presión social obligó a poner sobre la mesa la discusión sobre la supresión de los recursos públicos destinados a los partidos políticos, para redireccionarlos a apoyo a los damnificados y a la reconstrucción, la cual según cifras
preliminares aportadas por el presidente Enrique Peña Nieto, alcanzaría los 38 mil millones de pesos.
Una vez más, el mundillo político en primera instancia ofreció resistencia, desde los partidos y desde el propio Instituto Nacional Electoral. Era ilegal, dijeron, destinar los recursos etiquetados para las campañas electorales a un rubro diferente; sería, lo subrayaron, el equivalente al desvío de recursos.
La presión social, sobre todo a través de las redes sociales, empujó las cosas a que aquello se haya convertido en una ‘puja electoral’, para ver quién da más. Morena la agarró al vuelo y con el colmillo que raya en el piso Andrés Manuel López Obrador anunció que propondría al Consejo de Morena destinar 20 por ciento de los recursos destinados a las campañas de 2018 en apoyo de los damnificados. Roberto Gil le dijo que él (AMLO) que ha vivido tantos años del erario, sabía perfectamente que eso era ilegal. En los mismos términos se expresaron los consejeros del INE.
Pero en la puja algunos dijeron que ofrecían 50 por ciento, otros que el 100 hasta que el PRI se ‘aventó el tiro’ de ofrecer además de 100 por ciento de los recursos destinados a las campañas del año entrante, desempolvó y puso sobre la mesa el tema de la desaparición de los diputados y senadores plurinominales, pero también de los legisladores de representación proporcional en los congresos locales, y los regidores por ese mismo principio en los municipios de todo el país.
Todavía hay una corriente dentro del INE que esgrime el argumento de que sin financiamiento público, se corre el riesgo de que los grupos fácticos tomen el control de las elecciones –como si en muchas partes del país no lo hubieran hecho ya-, y que además podrían participar sólo aquellos que tengan dinero para invertir en campañas y que eso no le hace nada bien a la democracia porque no habría equilibrio entre los participantes.
Esto es, otra vez la prioridad de los políticos es: mejor que se mueran de hambre –o de frío por seguir viviendo a la intemperie- los damnificados por los sismos, antes que nuestra democracia se vuelva inequitativa, y que podamos llegar a tener un presidente impuesto por el narco. Para los consejeros del INE es más cómodo seguir dilapidando miles de millones de pesos que no son de ellos, antes que ponerse realmente a trabajar para fiscalizar de manera minuciosa y escrupulosa la procedencia de los recursos si se eliminara el financiamiento público a los partidos políticos, así como son de escrupulosos para decir que sería ilegal destinar a los damnificados los momentos destinados a la realización de las campañas de los partidos.
Por cierto de los 564 mil 224.2 millones de pesos a que asciende la deuda pública de los estados hasta el cierre de junio ¿Cuántos fueron desviados y fueron a parar a los bolsillos de los gobernantes? ¿Cuántos funcionarios de Coahuila están en prisión por los dos mil millones de pesos que, está comprobado, se adquirieron como deuda de manera ilegal con documentos falsos? No cabe duda que en México hay de prioridades a prioridades, lo importante son los políticos y los gobernantes. El pueblo, que se joda.
