Plazo fatal
Julián Parra Ibarra
Con todo y que la elección para gobernador de Coahuila del pasado 4 de junio se avizoraba desde un principio que resultaría la más competida y cerrada de la historia de la entidad, y como consecuencia de ello se advertía –como así ha sucedido-, que sería judicializada, nadie o muy pocos esperaban que tuvieran un desenlace como el que ha tenido hasta el momento.
Este viernes el Consejo General del INE recibirá y decidirá si aprueba o rechaza el dictamen elaborado por su Comisión de Fiscalización en los términos en que ha sido elaborado, y que podría encaminar a un sendero jamás transitado en nuestro estado: la anulación de la elección, por supuesto rebase en los topes de campaña en que habrían incurrido los dos principales contendientes, el priista Miguel Ángel Riquelme Solís y el panista José Guillermo Anaya Llamas.
A partir del día de la jornada electoral, ha sido el árbitro electoral el que le ha provocado el enrarecimiento del proceso. Primero, en las horas posteriores al cierre de la jornada comicial, el IEC sembró tormentas y por tanto cosechó tempestades cuando la madrugada del domingo 5 de junio dio a conocer los resultados de su conteo rápido –que se contradecía con los resultados del Prep que estaban a la vista de todos-, y según los cuales el aspirante panista mantenía una ventaja de más de dos puntos porcentuales.
El hecho, sentó las bases para que los panistas construyeran los argumentos de que la elección había sido fraudulenta, lo que fue atizado con la detención del Prep cuando llevaban apenas el 71.9 de las casillas computadas, y le concedían el triunfo a Miguel Riquelme. Tras el conteo de las casillas faltantes, el IEC expidió al priista la constancia de mayoría lo que lo convertía en el Gobernador Electo.
Pese a la impugnación presentada por los panistas, apoyados ya por los ex candidatos de Morena, Armando Guadiana Tijerina; del PT, José Ángel Pérez Hernández; y de los independientes Javier Guerrero García y Lucho Salinas; y por la presión social de la gente que salió a las calles de los principales municipios para protestar por los resultados de la elección, exigir la anulación de la misma, y la reposición del proceso, las aguas parecía que paulatinamente volvían a su cauce normal.
Sin embargo, la filtración de la información de que el dictamen de la Comisión de Fiscalización del INE solicitaría durante su presentación ante el Consejo General la anulación del proceso, debido al supuesto rebase en los topes de campaña de los candidatos priista y panista, volvió a encender los ánimos y a dividir las opiniones, incluyendo las de los Consejeros Electorales del INE, Ciro Murayama y Marco Antonio Baños, que mantuvieron una disputa ‘epistolar’ virtual a través de sus cuentas de twitter.
Es cierto que habrá que esperar hasta este viernes para saber primero, si el dictamen de la Comisión de Fiscalización en efecto solicita la anulación de la elección; y segundo, si el Consejo General lo aprueba o rechaza en los términos en los que ha sido elaborado, pero por lo pronto ya se sembró la semilla de la duda sobre la posibilidad de que se dictamine la invalidación del proceso y éste tiene que ser repuesto.
Cierto es que el árbitro electoral ha jugado un papel preponderante y protagónico en el proceso, pero hacia el interior del PRI tiene que haber un análisis de qué no hicieron bien o dejaron de hacer para que las cosas hayan llegado hasta las instancias en que se encuentran en este momento.
El periodista Luis Cárdenas escribió hace unos días que la elección de Coahuila venía envuelta para regalo –y hasta con moño, yo le añadiría- para el priismo ¿Qué fue lo que pasó que hoy los tiene en la antesala de una eventual anulación? Dice el lugar común que es muy peligroso cambiar de caballo a mitad del río, pero lo es mucho más cambiar de jinete, lo que no deja de ser una de las posibilidades reales.
Nada está escrito ni dicho ni definido hasta ahora, pero lo cierto y real es que estamos a unas horas de que se cumpla el plazo fatal de que el Consejo General del INE acepte o rechace el dictamen de su Comisión de Fiscalización, y que significa dejar las cosas como hasta ahora con un Gobernador Electo, o bien, anular el proceso y dar paso a la convocatoria de
nuevas elecciones en las que no podrían participar ninguno de los dos contendientes principales si se prueba que ambos rebasaron los topes de campaña.
Ambas posibilidades son reales. La moneda está en el aire, pero estamos a unas horas de conocer el desenlace, del que depende el futuro político de Coahuila. Estaremos muy pendientes.
