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A LA BÁSCULA

Sin peso específico

Julián Parra Ibarra

En tres videos filtrados al periódico El Universal y difundidos por éste de manera sucesiva, Eva Cadena Sandoval, diputada local con licencia y aspirante a la alcaldía de Las Choapas, en Veracruz, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aparece recibiendo diferentes cantidades presuntamente destinados a apoyar el movimiento de Andrés Manuel López Obrador.

Luego de la divulgación del primer video en que Cadena Sandoval recibe 500 mil pesos en efectivo –y para guardar los billetes pide a la persona que le subraya que son para Andrés Manuel López Obrador, que si no tiene una bolsita-, en primera instancia a la implicada le fue retirada la candidatura, Morena le retiró su apoyo y, adicionada por la presión social, tuvo que salir ante los medios a reconocer lo que no necesitaba explicación porque estaba muy claro en el video: que recibió dinero en efectivo con un origen desconocido.

Eva se enredó en su propia lengua, dijo que había cometido un error al aceptar ese dinero, pero que al comprender que lo hecho estaba mal, solo mantuvo consigo los billetes durante dos días porque al tercero los había regresado, aunque no hay pruebas de ello, además de que dijo ignorar quién le había hecho la entrega del dinero y tampoco sabía a quién se lo había regresado. Utilizando términos jurídicos podríamos decir que estaba confesa de haber incurrido en conductas ilegales.

La Fepade inicio de oficio una carpeta de investigación, mientras que la diputada con licencia acudía a la Fiscalía General del Estado en Veracruz, no para enfrentar su ilícita conducta, sino para presentar una denuncia ‘contra quien resulte responsable’ por haberla grabado y divulgado el video. Es decir, lo importante no era que ella había incurrido en conductas ilegales, sino que la hubiera video grabado e hicieran público el material.

Eso sí, llegó a la Fiscalía en un auto de superlujo con su correspondiente chofer, lo que hizo dudar a más de uno si la supuesta devolución –entrega- del medio millón de pesos no habría sido a la agencia automotriz.

Luego vendría el segundo video en el que se le ve recibiendo otros 10 mil dólares y 50 mil pesos en efectivo, otra vez con el supuesto de apoyar al movimiento de López Obrador.

Ya desligada de Morena, despojada de su candidatura y renuncia de por medio a la diputación local a la que regresó una vez que estalló el escándalo, apareció otro video, pero en éste aparece no en su calidad de candidata, sino en condición de diputada, recibiendo un millón de pesos como pago por su apoyo para aprobar en el congreso veracruzano una ley local. El interlocutor además les agradece que les ‘haya dejado’ en un millón sus ‘servicios’, y no en los tres millones y medio solicitados inicialmente por la legisladora veracruzana.

Eva Cadena, sabedora quizá de la debilidad de las instituciones electorales, ha hecho caso omiso de los citatorios que le ha hecho la Fepade que, en voz de su titular ha dicho que pueden hacer uso de la fuerza pública para hacerla comparecer, pero no la pueden detener porque aunque tiene licencia como diputada, sigue conservando el fuero.

Además, Santiago Nieto, el titular de la Fepade ha dicho que es necesario que quienes participaron en las grabaciones se presenten ante la autoridad para “que aporten las pruebas para efecto de que esto pueda tener validez jurídica ante un juez”. Caso contrario, explicó a los medios de comunicación, “los videos difundidos por ‘El Universal‘, pueden no tener validez, ya que la diputada puede asegurar que se trata de una prueba obtenida de una manera ilícita”. ¿Alguien cree que una persona se va a presentar para aportar pruebas de la comisión de un ilícito, a sabiendas que él mismo realizó las grabaciones de manera ilícita y por lo tanto constitutiva de un delito?

Si el titular de la Fepade ya dejó de manera tan clara cómo es la única manera en que las audio y videograbaciones tienen validez jurídica –aunque la inculpada estuviera ‘confesa’ en el menos en uno de los casos grabados-, cabe la pregunta ¿Entonces podemos pensar que los audios y videos

difundidos en Coahuila y las denuncias presentadas por los partidos, serán también sólo alimento del morbo mediático y de las redes sociales?

Es decir, si los que realizaron esas grabaciones no se presentan ante la autoridad, ¿éstas carecerán de validez jurídica? Si es así, para qué tanto brinco estando tan parejo el suelo. Entonces no pasan de ser proyectiles de estiércol con el que se disparan los contendientes para desprestigiar a sus adversarios, pero no tendrán ningún peso específico ante la Fepade. Es lo que se entiende de los dichos de su titular, Santiago Nieto.

Qué lástima. Qué desperdicio de saliva, papel y recursos; sobre todo de estos últimos, que provienen de sus bolsillos y del mío.