Quién se atreve
Julián Parra Ibarra
Por ahí a mitad del mes de julio, cuando un puñado de ahora ex gobernadores realizaron intentonas por modificar las leyes locales para designar a amigos y cómplices como funcionarios en las áreas de procuración y administración de justicia, contraloría, auditoria y transparencia –por periodos multianuales-, y cubrirse las espaldas al momento de su salida, escribí en este mismo espacio una columna que titulé ‘No jalen, que descobijan’, en la que mencionaba de la necesidad de legislar para acotar ciertas acciones a los mandatarios estatales -sobre todo cuando éstos entran en el último año de su administración-, para evitar desagradables sorpresas como las que se enfrentan actualmente en varias entidades del país.
Uno de los puntos que propuse –y que sé algún día algún ‘loco’ legislador lo habrá de proponer-, era el establecimiento de algunos candados para evitar el endeudamiento de las entidades de manera escandalosa y ofensiva que mantienen en la quiebra a varios Estados actualmente; pero también para evitar los nombramientos –de procuradores, fiscales, contralores, de transparencia-, que les garanticen la extensión de un manto protector de impunidad, que impida que se actúe en su contra por los excesos en los que hayan incurrido, en el mal manejo de los recursos públicos, su desvío y hasta su robo.
La idea primaria era que se legislara para que en el año en que se realicen elecciones en cada entidad, los mandatarios en funciones no puedan adquirir nuevos créditos ni puedan realizar acciones que comprometan recursos futuros que luego no registrados como deuda, pero que sí significan compromisos a corto, mediano y largo plazo, que los nuevos gobiernos deben enfrentar y saldar.
Y que, a partir del primer día del año de la elección, los mandatarios no pudieran hacer designación –salvo casos de fuerza mayor: por muerte o incapacidad física o mental-, no se pudiera hacer nombramientos, y menos
por periodos transexenales, de titulares de las procuradurías o fiscalías estatales, fiscalías anticorrupción, en las áreas de fiscalización, auditoría y transparencia.
Hoy le añadiría que al iniciar el último año del gobierno en turno, su administración deba ser fiscalizada de una manera minuciosa por las instancias federales como la Auditoria Superior de la Federación, apoyada por organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana y algunas otras instancias locales ciudadanizadas para que, en los casos de que se detecten y encuentren irregularidades o ilegalidades, se pueda proceder en contra de quién o quienes resulten responsables, antes de que éstos dejen el puesto.
Porque hasta ahora, aunque las autoridades cuenten con toda la información necesaria y suficiente, dejan que se corra el tiempo y se sigan cometiendo tropelías y rapacerías, y esperan hasta que los funcionarios han dejado el puesto para empezar a buscarlos cuando ya están ilocalizables, y andan emitiendo alertas para evitar que salgan del país, y/o que la Interpol los busque en otros países.
Al menos una docena de ex mandatarios se encuentran en medio de escándalos y acusaciones de corrupción, y salvo algunos casos excepcionales que han llegado a prisión, la mayoría apela a la memoria corta del mexicano sabedores que con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevos escándalos, el suyo se irá quedando en el olvido.
Que vergonzoso es que cada vez se busquen nuevas herramientas, nuevos instrumentos nuevos candados, para tratar de cuidarle y amarrarle las manos a los malos gobernantes que –ya sabemos, nomás en las malas prácticas unifican criterios-, apelan a la cada vez más sobada frase de que ellos no son responsables de las acciones que hayan realizado sus más cercanos colaboradores, pese a que sobre ellos y nadie más, recae la responsabilidad de sus designaciones o nombramientos en su momento.
¿Se atreverá algún ‘loco’ diputado a iniciar una legislación para establecer esta serie de candados que les impida a los mandatarios designar en cargos claves a sus amigos en el último año de su gobierno por periodos transexenales para que les cubran las espaldas, así como la contratación de
nueva deuda o emprender acciones que comprometan recursos futuros de las entidades a partir del primer día del año de la elección; así como que al inicio del último año del mandato para el que fueron electos su administración pueda ser auditada y revisada minuciosamente, para que en los casos en que se encuentren los elementos y las pruebas suficientes y necesarias, puedan ser procesados, sancionados y castigados –o al menos iniciar el proceso respectivo- antes de que dejen el cargo? Veremos.
