No jalen, que descobijan
Julián Parra Ibarra
Los malabares legaloides que intentaron concretar algunos de los gobernadores que están por entregar el poder, sobre todo aquellos cuyo partido perdió la elección el pasado 5 de junio y comparten en común los señalamientos de corrupción, malversación de fondos y violación a los derechos humanos, debido a la intervención del Gobierno Federal no prosperaron como lo pretendían los Duartes -César de Chihuahua y Javier de Veracruz-, así como Roberto Borges, de Quintana Roo.
Por fortuna las acciones emprendidas para auto dotarse de un manto protector que les garantizara impunidad pese a la enorme cantidad de pillerías, abusos e ilegalidades en las que incurrieron, no llegaron al puerto que los (todavía) mandatarios pretendían.
Sin embargo estas intentonas de acrobacias, deberían de servir como un excelente motivo para que en el Congreso Federal se legisle en el sentido de acotar a los mandatarios estatales y evitar que se vuelvan a presentar nuevos ‘duertazos’, es decir, que se establezcan candados para evitar primero, que se endeude a las entidades de manera escandalosa e inmoral, y enseguida que se pretenda hacer nombramientos para dejar a sus cuates y compadres en las áreas de procuración y administración de justicia, de contraloría, de auditoría y de transparencia.
No soy legislador, ni es mi función, ni tampoco le voy a hacer la chamba a quienes para eso se les paga y bastante bien, para que cumplan con su función de –se supone- al representar a los ciudadanos, propongan, promuevan, impulsen y aprueben leyes que ‘blinden’ a los ciudadanos contra políticos corruptos, y no a la inversa, que protejan a malos servidores
públicos que realizan cualquier tipo de actos inmorales contra los ciudadanos, y se marchan tan campantes protegidos por un manto de impunidad, listos para lanzarse a la siguiente aventura electoral en busca de un nuevo puesto para mantenerse pegados a la ubre presupuestal.
No es ninguna ocurrencia, más bien pienso que como uno de los primeros pasos, se legisle para que se prohíba que en el año en que se realicen elecciones para Gobernador -en las entidades en que eso suceda-, los mandatarios no puedan adquirir nuevos créditos, ni realizar acciones que comprometan recursos futuros como la que realizó César Duarte en Chihuahua, con la bursatilización de los excedentes del Fideicomiso Carretero de la entidad, lo que le permite en estos momentos a su administración hacerse de 6 mil millones de pesos, al costo de comprometer los recursos mencionados por los próximos 25 años; es decir durante las próximas cuatro administraciones y el primer año de la quinta.
De igual forma, salvo que corresponda el tiempo de renovación o debido a la incapacidad física o mental, o la muerte del titular, que a partir del primer día del año en que se realice la elección en sus estados, los mandatarios tampoco puedan hacer nombramientos -ni modificaciones a la ley para poder hacerlo- ni designar, y menos por periodos transexenales, de titulares de las procuradurías o fiscalías generales estatales, fiscalías anticorrupción, en las áreas de fiscalización, auditoría y transparencia.
Que se establezca un plazo máximo que pudiera ser el último día del año previo a la elección, y a partir del primer día del año en que ésta se realice, ya no se permita ningún movimiento en esos sentidos.
El tema suena utópico, y que seguro la mayoría de los legisladores no se darán un balazo en el pie porque al fin de cuentas todos se tapan con la misma cobija en ese sentido, sin importar el partido al que pertenezcan. De pronto le jalan a la cobija para taparse la cabeza aunque se descubran los pies, y al rato se jala la cobija al otro lado para taparse los pies aunque se descubra la cabeza, pero al final la cobija alcanza para cubrirlos a todos así sea por turnos.
Actuando en congruencia, el dirigente nacional panista Ricardo Anaya, debiera encabezar una iniciativa en esa dirección, luego de todos los malabares que realizó para evitar que se consumaran en Veracruz y Quintana Roo, la aprobación de los que él llamó ‘paquetes de impunidad’.
Independientemente de que el PRI ya dio muestras muy claras de que no va a proteger ni a los Duartes, ni a Borges, ni a Egidio Torre ni a ninguno de los
gobernadores de su partido que hayan incurrido en actos de corrupción, de malversación de fondos o de violación a los derechos humanos; que incluso para dar muestras de la intolerancia a la impunidad podrían ir por algunos mandatarios actuales -pero también de otros que ya no lo son-, algo se tiene que hacer para evitar que se repitan este tipo de conductas y formas de gobernar. Es decir, legislar para prevenir, y no para a toro pasado andar en busca de ex mandatarios.
Salvo su mejor opinión, que al final del día es la más valiosa, y es la que cuenta.
