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A LA BASCULA

Los gobernadores salientes

Julián Parra Ibarra
Este año, una docena de mandatarios de igual número de entidades del país, deberán dejar su cargo porque constitucionalmente el domingo 5 de junio habrán de realizarse las elecciones para elegir a sus sucesores, pero en los días recientes se abrió la polémica y el debate sobre si uno de ellos no llegará siquiera al día de las elecciones: el veracruzano Javier Duarte de Ochoa.

En el Congreso Federal se abrió la posibilidad de iniciar un juicio político contra el mandatario jarocho, porque la Auditoría Superior de la Federación le encontró desvíos de recursos por 35 mil millones de pesos en lo que va de su administración, de los cuales 15 mil corresponden al año pasado.
Sobre Duarte de Ochoa pesan muchísimas acusaciones que van desde represión y violación de derechos humanos, hasta desapariciones y asesinatos. Mucho hemos comentado ya que es Veracruz el estado donde mayores riesgos corren quienes se dedican al periodismo, y esa entidad tiene la nada honrosa primera posición de muertes de comunicadores y activistas sociales; sólo de los primeros, se le llevan contabilizados en su sexenio un total de 17.
Los niveles de desvergüenza y cinismo que ha mostrado el mandatario veracruzano son verdaderamente indignantes, irritantes.
La reunión que tuvo Javier Duarte el pasado miércoles con Miguel Ángel Osorio Chong en las oficinas de la Segob, provocaron la propagación de los rumores sobre su posible destitución o solicitud de licencia debido a la presión social, mediática y política por el desorden y desaseo con que ha gobernado su estado.
A ese hecho se le sumaron las declaraciones vertidas tanto por el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien llamó a Duarte a rendir cuentas ante los señalamientos de corrupción, y aseguró que el candidato de su partido, Héctor Yunes no le te temblaría la mano para castigar a los responsables del desvío detectado por la Auditoría Superior de la Federación.
“Héctor Yunes ha hecho un compromiso y el compromiso es cero impunidad con el pasado, con el presente y cualquiera que delinque en el futuro. Si hay algo que sancionar, estoy seguro que no le temblará la mano”, declaró Beltrones a los medios de comunicación.
En entrevista con el periodista Alejandro Cacho en Noticias MSV, Héctor Yunes Landa llamó a Duarte de Ochoa a aclarar a dónde fueron a parar los 35 mil millones de pesos provenientes de recursos federales y que, aseguró, no se veían reflejados en el Estado.
El candidato dijo que los propios priistas se sentían agraviados por el desvío de recursos en el gobierno de Veracruz, y que no estaban dispuestos a perder la elección porque una bola de pillos que se robaron los recursos, y que el destino de éstos debería ser la cárcel.
Este jueves Manlio Fabio trató de matizar un poco sus declaraciones iniciales respecto del tema, al declarar que la exigencia de rendir cuentas es para todos los gobernadores que no han presentado con transparencia el uso de los recursos, y ejemplificó con el poblano Rafael Moreno Valle. Pero la primera impresión es la que sigue flotando en el ambiente.
Si el dirigente nacional del PRI -que recientemente ha recurrido mucho a la política de la Chimoltrufia: Como dice una cosa dice otra-, cumpliera su palabra de que el llamado y la exigencia no tiene un destinatario en particular y que es para todos los mandatarios, entonces tendrían que voltear a revisar las cuentas que en Nuevo León dejó Rodrigo Medina, en los manejos que han realizado en sus entidades mandatarios priistas como Egidio Torre Cantú en Tamaulipas, César Duarte en Chihuahua o Jorge Herrera Caldera en Durango.
Ojalá que la medida fuera con el mismo rasero para todos como lo promete Beltrones, tal como lo vienen haciendo con el ex mandatario sonorense Guillermo Padrés.
Ojalá que verdaderamente Beltrones tuviera palabra y revisaran las cuentas y los créditos recientemente contratados en Durango por la administración Herrera Caldera, justo a unos meses de la elección para elegir a quien le sucederá en el cargo y a pocos meses de marcharse.
Como un ejercicio de honestidad y para despejar cualquier duda, no solamente a los mandatarios priistas, sino a todos los gobernadores salientes, debieran revisárseles sus cuentas, investigar muy bien todos los créditos, las deudas adquiridas, porque solamente hasta después de mucho tiempo que se han marchado, empiezan a brotar deudas ocultas y muchas suciedades, pero cuando ya no están en el cargo.
En México se debiera legislar para que antes de que dejen el cargo, todos los mandatarios pasen ‘a la báscula’, no vaya a ser que se les haya pegado algo. Digo, nadamás como mera precaución. El que esté limpio, adelante; pero el que no, que se le investigue y se le castigue conforme a la ley, para que se termine con tanta impunidad.laotraplana@gmail.com