Más agua a los frijoles
Julián Parra Ibarra
Por si no fueran suficientes los problemas que ha tenido que enfrentar la actual administración federal de un semestre a la fecha por los casos de Tlatlaya y los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y el desafortunado manejo informativo que –particularmente el procurador Jesús Murillo Karam-, le han dado al delicado asunto; y por los escándalos de las casas del Presidente y su familia, así como de colaboradores cercanos, ahora llegó el tema del recorte del gasto público para este año debido a la estrepitosa caída de los precios internacionales del petróleo.
Cuando el crudo se cotizaba en rededor de los 79 dólares por barril, el gobierno mexicano adquirió por 770 millones de dólares un seguro de cobertura petrolera, mismo que en su momento fue severamente cuestionado por algunos sectores, y gracias al cual en estos momentos se ha logrado amortiguar el impacto cuando la aparentemente imparable caída en los precios mantienen los precios en alrededor de los 39 dólares por barril.
Todavía en el último bimestre del año pasado, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presumía que gracias al seguro, México podría soportar la baja de los precios del crudo sin tener que alterar las finanzas públicas, pero nadie imaginaba que los precios rebasaran los 50 dólares a la baja, pero parece que nada los detiene. Hoy el funcionario federal mexicano admite que los precios seguirán a la baja no sólo durante este año, sino también el siguiente. Después de ese período, pronostica, los precios volvería a los 80 ó 90 dólares por barril.
Previendo que el año entrante México ya no contará con el seguro de cobertura petrolera, y que el desliz de los precios petroleros se mantendrá, es que el secretario de Hacienda anunció el recorte al gasto público por 124 mil 300 millones de pesos, de los cuales 65 por ciento serán al gasto corriente y 35 por ciento a la inversión, pero con mayor impacto –obvio-, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El monto, representa 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La medida alcanza a los proyectos del Tren Transpeninsular entre Yucatán y Quintana Roo, así como el ya de por sí polémico tren rápido México- Querétaro, que han entrado en un estatus de suspensión indefinida. No Se afectará, se asegura, el del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ni tampoco áreas fundamentales de seguridad pública.
Los recortes anunciados este viernes, sostiene Videgaray, no obedecen a que haya problemas en las finanzas públicas en estos momentos, sino justamente como una medida preventiva para el año entrante. En diferentes entrevistas el funcionario federal ha dicho que el ajuste anunciado significa que el gobierno se aprieta el cinturón en los rubros de gasto corriente.
En primera instancia, la medida aunque provoca tensión en muchos sectores, ha sido recibida de manera favorable por especialistas.
El Instituto Mexicano para la competitividad consideró que el recorte ‘preventivo y responsable’ tendrá un impacto marginal en el desempeño de la economía, reportó en su portal el diario El Financiero (http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/01/30/responsable-recorte-gasto-hay-duda-sobre-mas-tijeretazos). Por ello, dice, el Gobierno mantiene el pronóstico de crecimiento económico para este año de entre 3.2 y 3.4 por ciento.
Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda de México –en entrevista con el periodista Pascal Beltrán, del Grupo Imagen-, elogió las medidas adoptadas porque, dijo, con ello se está previendo que haya una desestabilización de las finanzas públicas el año entrante.
Por tanto –dice El Economista citando al IMCO-, la noticia no debe asimilarse como negativa, sino como una acción responsable del gobierno federal.
En las entidades sin embargo, el panorama no es el mismo, porque las reducciones que se darán debido al recorte presupuestal tendrá un impacto en todas, aunque de acuerdo a las condiciones particulares de cada una, el efecto será mayor o menor. En el caso de Coahuila las condiciones coyunturales pueden tener un impacto más severo, porque además de que sufrirá un recorte en las participaciones federales, se han frenado las licitaciones y los proyectos relacionados con la explotación del gas shale, y en los que el gobierno local tenía cifradas grandes esperanzas por la gran cantidad de empleos –bien pagados- que se crearían, amén de la derrama económica que se generaría.
A nivel local, ya también se han anunciado una serie de medidas para reducir el gasto corriente de la administración estatal. Una de ellas es la desaparición –o fusión- de algunas dependencias como ya se anunció en los casos de la oficina de la Jefatura de Gabinete y la secretaría de Turismo.
Hay algunos otros rubros en los que se tomarán medidas que no serán las más populares, pero necesariamente se adoptarán para evitar que se provoque una crisis financiera que nadie desea. En muchas áreas en las que en la pasada administración hubo dispendio y gastos excesivos, tendrán que someterse a las reglas de austeridad dictadas por el gobernador Rubén Moreira.
De por sí la situación en Coahuila ha sido complicada debido a la deuda heredada -y que le ha mantenido las manos atadas a la actual administración-, y cuando se veía en los proyectos de la explotación del gas shale la posibilidad de equilibrar la economía estatal, vienen estas medidas, que se suman a las condiciones particulares del Estado.
Ni modo, con este tipo de disposiciones vamos a tener que recurrir a los trucos que utilizaban los antiguos: habrá que echarle más agua a los frijoles, para que rinda lo que hay disponible y alcance para todos, así sea de puro caldo.
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@JulianParraIba
