La gota que derramó el vaso
Julián Parra Ibarra
En mayo de 2014 frente a senadores de la República, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que hasta el cierre de diciembre de 2012, la cifra de desapariciones en México era de 27 mil personas, pero que en esta administración ya habían logrado bajar las cifras a 8 mil. Un par de meses después declaró ante periodistas que en realidad los desaparecidos en México eran 16 mil, y que toda la información estaba disponible para quien la quisiera consultar, en la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En una nota periodística en el portal de noticias Animal Político, que dirige el periodista Daniel Moreno, dio cuenta el 7 de marzo de 2012, que las cifras de desapariciones en México hasta ese momento, chocaban entre sí, de las ofrecidas entre la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y la Procuraduría General de la República (PGR), ya que la primera registraba en sus estadísticas 2 mil 044 casos, en tanto que la segunda informaba de la existencia de 4 mil 800 expedientes. Todavía peor, con reportes de las procuradurías estatales, la del Distrito Federal llevaba su propio registro nacional, y en esa fecha la dependencia capitalina registraba 5 mil 299 casos.
En su columna Filias y Fobias del fin de semana pasado en este mismo medio, el periodista Leopoldo Ramos citó –basado en una investigación realizada por Human Right Watch-, que actualmente la PGR reconocía la existencia de 22 mil 322 personas desaparecidas en nuestro país, de las cuales 9 mil 833 corresponden al actual sexenio.
Con base en datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) al 15 de octubre de 2014, CNN citó los mismos 22 mil 322 desaparecidos, y mencionó el ‘Top Five’ de las entidades en este rubro, porque en ella se concentraba 50 por ciento de las desapariciones en nuestro país:
El primer lugar lo ocupaba Tamaulipas con 4 mil 875 casos, en segundo Jalisco con 2 mil 133, en tercero el Estado de México con mil 544, en cuarto el DF con mil 450 casos, y tristemente en la quinta posición estaba Coahuila con mil 332.
En junio de este año The Economist en su edición para América Latina cuestionó –haciendo eco de lo expresado por Organizaciones no Gubernamentales-, la falta de sensibilidad del gobierno federal y la metodología que éste ha utilizado para establecer las cifras de desaparecidos. Y citaba como uno de los ejemplos de contradicciones y manoseo de cifras, el caso de Allende Coahuila, en la que se hablaba de entre 300 y 500 personas desaparecidas, aunque en los días recientes el subprocurador para la Investigación de Personas no Localizadas, Juan José Yañez Arreola dijo que eran 50 y no 300 las personas desaparecidas en ese municipio del norte de nuestra entidad, aunque la Fuundec rechazó las cifras, ya que argumentaron que había sido el propio gobierno quien en su momento dijo que eran más de 200.
Todo ese manoseo de cifras, que se manejan como si se hablara de cabezas de ganado, de vehículos automotores o de bultos de papas es quizá uno de los ingredientes de la multicausal irritación del pueblo mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero, durante la noche del 26 y madrugada del pasado 27 de septiembre.
Quizá durante mucho tiempo la gente no logró encontrar una válvula de escape hasta Ayotzinapa, para salir a la calle a gritar, a reclamar el abandono, la indolencia, la injusticia, los atropellos acumulados por años. Por ejemplo, en el Informe Mundial 2014: México revelado recientemente por Human Wrights Watch, menciona que al asumir la presidencia en diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto reconoció graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad durante la ‘guerra’ de su antecesor, a la que calificó como una “grave crisis humanitaria”.
Destaca HWR que durante 2013, la CNDH investigaba 2 mil 443 desapariciones, en muchas de las cuales participaron integrantes de los diferentes niveles de los cuerpos de seguridad, y dice que de diciembre de 2013 septiembre de 2013 el organismo había recibido 8 mil 150
denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y que la Procuraduría General de Justicia Militar inició 5 mil 600 investigaciones por presuntos abusos cometidos por soldados contra civiles entre enero de 2007 y hasta mediados de 2013.
Sin embargo en ese mismo periodo, la justicia militar había condenado a 38 militares por violaciones a los derechos humanos, y de los 22 mil 322 desaparecidos que recientemente ha reconocido el gobierno federal ¿Cuántos de ellos fueron perpetrados por representantes de las fuerzas de seguridad del país, contados entre ellos Militares, policías federales, estatales y municipales?
Por ello en caso de los normalistas quizá vino a ser solamente la gota que derramo el vaso, de un histórico acumulado de agravios contra el pueblo, atizado por el desinterés y la indolencia de sucesivos gobiernos, ante verdaderos dramas que se han sufrido en todo el país sobre todo en los años recientes, agudizados a raíz del inicio de la ‘guerra contra el narco’ iniciada por el panista Felipe Calderón, aunque toda esta historia viene de más atrás, de mucho más atrás, no por nada debido al hartazgo de la gente, el PRI perdió en el 2000 la Presidencia de la República.
Durante sexenios completos, la gente vino acumulando rencores y luego la desilusión sufrida por el ‘cambio’ tras la llegada de Vicente Fox a Los Pinos, vino un sexenio de terror en el que la gente estuvo sometida por la violencia implementada por la delincuencia organiza, pero atizada por el gobierno calderonista que lanzó su guerra sin tener una estrategia o un conocimiento del monstruo de mil cabezas al que estaba provocando con esa decisión.
Con todo este contexto, cuando nos enteramos de que quienes atacaron y detuvieron a los normalistas de Ayotzinapa fueron policías municipales de Iguala que a su vez los entregaron a sus pares de Cocula, y que éstos a su vez los dejaron en manos de un grupo de la delincuencia organizada; cuando sabemos que la órdenes primero de su detención y su posterior desaparición provino del entonces alcalde; cuando escuchamos y vemos al Procurador General de la República intentar en su cantinflesca rueda de prensa hablar de los horrores de los ‘indicios’ que apuntaban a que los normalistas fueron asesinados y calcinados, en un aparente intento por ‘cerrar el caso’; con todo este contexto sumado a los agravios históricos es que uno entiende el coraje, el encono, el rencor que mucha gente del pueblo, no sólo estudiantes, quiere salir a gritar a las calles.
Quizá lo ideal sería que salieran, marcharan, organizaran sus mítines, pasearan con sus mantas y realizaran hasta plantones, pero hasta ahí, sin violencia, sin vandalismo, sin enfrentamientos, pero es prácticamente imposible contener tanta ira, tanta frustración, tanto coraje contenido por tanto tiempo. No se justifica la violencia, pero se entiende que un pueblo tan agraviado y abandonado a su suerte, hoy grite cuando tanto tiempo estuvo contenido y sometido por la violencia y sólo encontró oídos sordos entre sus gobernantes.
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Twitter: @JulianParraIba
